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La crisis de COVID-19 aumentó los problemas del tráfico de fauna

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La problemática del tráfico ilegal de especies engloba factores ambientales, sociales y económicos y con la reciente crisis sanitaria por COVID-19, se hace más evidente la relación del comercio no controlado de animales silvestres y la transmisión de patógenos, dijo la representante de la Unión Europea (UE) en Bolivia Francesca Majorano, en el conversatorio virtual “Conservación de la biodiversidad en Bolivia: asegurando la salud de los ecosistemas y las personas”.

Este conversatorio se realizó recientemente con la participación de la Dirección General de Biodiversidad y Áreas Protegidas y Dirección Nacional de Desarrollo Forestal, del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), la Unión Europea, Wildlife Conservation Society (WCS) y World Wildlife Fund (WWF).

En el evento los participantes dialogaron sobre los desafíos, estrategias y políticas en relación a la problemática de tráfico de fauna silvestre y madera. La UE explicó que tiene iniciativas específicas como el Plan de Acción Contra el Tráfico de Especies Silvestres.

A raíz del actual contexto de COVID-19, Majorano dijo que “la Unión Europea tiene iniciativas específicas como el Plan de Acción Contra el Tráfico de Especies Silvestres y el programa FLEGT (Aplicación de Ley, Gobernanza y Comercio por sus siglas en inglés). Además, a raíz del actual contexto de COVID-19, la Unión Europea busca promover más el enfoque One Health o Una Salud, el cual reconoce que la sanidad humana y la de los ecosistemas están estrechamente relacionados”.

Asimismo, añadió que la lucha contra el tráfico de vida silvestre se realiza mediante el fortalecimiento de capacidades y cooperación entre agencias de control y prosecución, asegurando que el comercio legal sea más regulado, controlado y restrictivo con mayor consideración de los riesgos sanitarios y considerando específicamente que el aprovechamiento y/o consumo a pequeña escala, es esencial para las comunidades locales e indígenas.

El evento fue organizado en el marco de la Alianza por la Fauna Silvestre y los Bosques, iniciativa implementada por WCS y WWF en Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, y zonas de frontera con Brasil, con el apoyo de la Unión Europea.

UE dona 30.000 euros en insumos de bioseguridad para dos puntos fronterizos

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Insumos de bioseguridad

Para reforzar la protección contra el COVID-19 de los agentes públicos de los puntos fronterizos de Bermejo (frontera con Argentina) y Desagüadero (frontera con Perú), la Unión Europea (UE) en Bolivia donó 30 mil Euros en insumos de bioseguridad, tales como guantes descartables, alcohol, termómetros infrarrojos y trajes de bioseguridad, en el marco del proyecto de cooperación EUROFRONT, financiado por la UE.

El acto de entrega se realizó este martes 23 y se entregó un total de 924 trajes de bioseguridad con capucha (enterizos reutilizables, lavables, impermeables y resistentes a fluidos), 1.300 cajas de 100 piezas cada una de guantes de látex descartables, 3.178 litros de alcohol al 70% de concentración y 30 termómetros médicos infrarrojos.

“Estamos encantados de poder ayudar en la gestión de las fronteras, en estos delicados momentos y en la fundamental tarea de contención del COVID», dijo Diego Zurdo, jefe de cooperación a.i. de la Unión Europea.

Los puntos fronterizos fueron escogidos en coordinación con la Dirección General de Migración (DIGEMIG) de Bolivia, tomando en cuenta su alto flujo migratorio.

De los ítems adquiridos el 50% de cada ítem será distribuido en Desagüadero y el otro 50% en Bermejo. Se acordó que estos materiales se entreguen en la ciudad de La Paz para que posteriormente, la DIGEMIG distribuya a los dos puntos fronterizos.

El proyecto EUROFRONT es implementado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Organización Internacional Italiano-Latinoamericana (IILA) y la Fundación Internacional para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP).

La donación de materiales es parte de la primera acción del proyecto regional EUROFRONT desarrollado en fronteras terrestres en Latinoamérica con fondos de la UE y gestión de la OIM, IILA y FIIAPP. Los otros países involucrados en el proyecto son Argentina, Paraguay, Colombia, Perú y Ecuador.

“El proyecto EUROFRONT tiene como objetivo mejorar los mecanismos de coordinación entre los países y brindar apoyo en la lucha contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, considerando que América del Sur es una de las principales regiones de origen y destino de estos delitos. De esta manera, el programa busca mejorar la seguridad, proteger los derechos humanos, así como el desarrollo social y económico, tanto a nivel nacional como regional, desde una perspectiva integrada de la gestión de fronteras”, explicó Zurdo.

Expertos reflexionan sobre el tráfico de fauna silvestre y madera en Bolivia

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El jueves 18 de junio, a las 10.00 am (hora Bol), se realizará el conversatorio virtual “Conservación de la biodiversidad en Bolivia: asegurando la salud de los ecosistemas y las personas” en el cual participarán ponentes de la Dirección General de Biodiversidad, la Autoridad de Bosques y Tierras, la Unión Europea, Wildlife Conservation Society (WCS) y World Wildlife Fund (WWF).

¿Cuáles son las estrategias, políticas y acciones de la región Andes-Amazonía en torno al tráfico de vida silvestre y madera?, ¿cuál es su vinculación con los riesgos asociados como las enfermedades zoonóticas? Son algunas de las preguntas que han surgido en el marco de la crisis sanitaria global ante los nuevos desafíos que deben enfrentar las instituciones a cargo de velar por los recursos naturales.

Con la consigna “Juntos contra el tráfico de fauna silvestre y madera”, el encuentro es una oportunidad para analizar, reflexionar y perfilar las acciones que permitan abordar las problemáticas del tráfico de fauna y madera como crecientes amenazas a la biodiversidad en Bolivia, y dar a conocer las acciones que realiza el sector público, la cooperación internacional y la sociedad civil a favor de la conservación del patrimonio natural.

Bolivia es uno de los 15 países megadiversos del planeta, pero también uno de los muchos amenazados por el tráfico ilegal de vida silvestre. Según el Libro Rojo de la Fauna Silvestre de Vertebrados de Bolivia del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, 313 especies están amenazadas de extinción. Entre los grupos y especies más vulnerables al tráfico están los loros y parabas, las tortugas, lagartijas e iguanas, los primates y otros mamíferos como el jaguar, especie emblemática de las Américas, cazado ilegalmente por sus partes: colmillos, piel y huesos, que son comercializadas principalmente en países asiáticos. Las especies vulnerables al tráfico se encuentran protegidas por el convenio CITES del que Bolivia es parte, para regular su comercio internacional.

Por otro lado, la ilegalidad en la actividad forestal maderera en los diferentes eslabones de la cadena de producción, desde el aprovechamiento en el bosque hasta la comercialización del producto final, es una problemática importante en Bolivia, que pone en riesgo la integridad de los bosques. Como consecuencia, existe un incremento de la tasa de deforestación anual por la vulneración del Plan de Uso de Suelo en las tierras bajas, con la pérdida de más de 300 mil hectáreas por año. Asimismo, la informalidad en el aprovechamiento forestal maderable, con el tráfico de la madera en el país, puede superar el 50 % y existe una notable disminución de las áreas de bosque certificado (866.245 hectáreas) desde el año 2006.

El conversatorio, que ahondará en todos estos temas, es organizado en el marco de la Alianza por la Fauna Silvestre y los Bosques, una iniciativa impulsada por WCS y WWF, con el financiamiento de la Unión Europea, la cual busca mejorar el entendimiento sobre la problemática de tráfico de fauna silvestre y madera en Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador y sus zonas de frontera con Brasil, mediante la generación de información, el fortalecimiento de capacidades, el involucramiento de la sociedad civil y la cooperación con y entre las autoridades para una mejor aplicación de la ley.

El tráfico de fauna silvestre y de madera en algunos casos es abordado de manera separada, sin embargo, estas problemáticas afectan a los mismos grupos de personas (en su mayoría comunidades rurales), usan las mismas rutas de tráfico y es probable que tengan redes superpuestas. Es por ello que WCS y WWF, con una mirada multisectorial e integral, han unido sus esfuerzos, y aportarán su experiencia para apoyar el trabajo de las autoridades para hacer frente al tráfico de fauna silvestre y madera en Bolivia. Además del reconocimiento de este delito como crimen organizado, es necesario coordinar acciones con los países fronterizos y de tránsito ilegal de los recursos naturales.

Más información

A través de este conversatorio invitamos a profundizar y conocer cuáles son las problemáticas del tráfico de fauna y madera como crecientes amenazas a la biodiversidad en Bolivia y conocer las acciones que realiza el sector público, la cooperación internacional y la sociedad civil a favor de la conservación del patrimonio natural.

Para participar

Únete a la transmisión en vivo el jueves 18 de junio, a las 10:00 a.m., previo registro en: https://bit.ly/2BX7Ff3

Expositores:
  • Francesca Majorano Sarapo: Representante de la Delegación de Unión Europea en Bolivia.
  • Oscar Justiniano: Director Nacional de Desarrollo Forestal –MMAyA.
  • Enzo Aliaga: Director General de Biodiversidad y Áreas Protegidas – MMAyA.
  • Rob Wallace: Director del Programa de Conservación Gran Paisaje Madidi de WCS.
  • Jordi Surkin, Director de Conservación de WWF Bolivia.

Posteriormente, se abrirá el espacio a preguntas y comentarios del público para que los expositores puedan responder compartiendo sus experiencias y conocimientos sobre la temática.

Modera: Mariana Da Silva – Jefa de Investigación para Combatir el Tráfico de Vida Silvestre – WCS.

Pandemia: las medidas alternativas a la privación de libertad

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Más de 200 representantes de más de 30 instituciones europeas, latinoamericanas y del Caribe se dieron cita recientemente en el webinario “Las medidas alternativas a la privación de libertad en tiempo de COVID-19 y retos de futuro” organizado por los programas regionales de la Unión Europea EL PAcCTO, EUROsociAL+ y COPOLAD II.

La pandemia del COVID-19 ha puesto de relieve la necesidad de medidas alternativas a la privación de libertad para garantizar los derechos humanos de las personas privadas de libertad, favorecer su inserción y luchar de forma eficaz contra el crimen organizado.

Esa es una de las grandes conclusiones del webinario como continuación de la Declaración de Montevideo acordada por 150 representantes de más de 30 países de América Latina, el Caribe y la UE en septiembre de 2019 en Montevideo, Uruguay, durante la Conferencia Birregional de Medidas Alternativas a la privación de libertad

Medidas alternativas a la privación de libertad

En el webinario, Jorge de la Caballería, jefe de la Unidad de la Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo de la Comisión Europea, resaltó que “la pandemia representa un tsunami sin precedentes”. El representante añadió que esta situación “ha cambiado muchos paradigmas, pero no pone en cuestión la relevancia de los compromisos de Montevideo. Al contrario, los refuerza. Ha impulsado las medidas alternativas como una solución ante los riesgos de contagio dentro de los centros penitenciarios”.

El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de Estados Americanos (CICAD/OEA), Adam Namm, declaró que “el 80% de los adultos encarcelados hoy tienen su primer contacto con prisiones en su juventud. Necesitamos enfocarnos más en invertir en medidas preventivas y programas para estas personas en su juventud, especialmente en los llamados procesos de disuasión”.

Namm agregó que “cerca de 3,5 millones de personas en el Hemisferio Americano están encarceladas, un tercio de ellas por penas relacionadas con drogas, normalmente por uso y micro-tráfico de drogas, lo que se traduce en significativos costes tanto sociales como económicos”.

Durante el webinario se ha puesto de manifiesto la importancia de actuar ya en tres niveles:

Externo, con la opinión pública para dejar claro que las medidas alternativas son penas, a todos los efectos. Que son, además, menos costosas y eficaces que la privación de libertad y que permiten disminuir la infiltración de la criminalidad organizada y construir así una sociedad más cohesionada y segura.

Interno con todos los actores que intervienen en la cadena penal, incluido el tercer sector que apoya los procesos de inserción social, mejorando la coordinación interinstitucional, a través de acciones de sensibilización, o de cambios normativos o procedurales cuando sea necesario.

Y a nivel de cooperación internacional, para la sensibilización y la incidencia a todos los niveles y para el intercambio de mejores prácticas.

Por su parte, el coordinador del componente de Sistemas Penitenciarios de EL PAcCTO, Giovanni Tartaglia, encargado de leer las conclusiones, resaltó que “es indudable que la humanidad siempre ha sido capaz de aprovechar las grandes crisis para avanzar en términos de construcción de derechos. Todas y todos nosotros tenemos una gran responsabilidad. Estamos encargados de uno de los desafíos más grandes: construir un nuevo humanísimo judiciario, contribuir a la construcción de una sociedad más justa, más inclusiva y, en consecuencia, más segura”.

“Tenemos la difícil tarea de lograr la inclusión de personas que de alguna forma la misma sociedad, con su funcionamiento imperfecto y desigual, ha podido contribuir a poner al margen. Las medidas alternativas tienen que ser la regla, no la excepción, para los delitos más leves y los infractores menos peligrosos”, concluyó Tartaglia.

Día de la diversidad cultural para el diálogo y el desarrollo

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Desde niña Maribel Herrera, una joven chaqueña, líder de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), concentra todas sus energías en trabajar por su comunidad, proteger el medio ambiente y por dar a conocer la cultura guaraní. Al mismo tiempo, busca preservar su idioma, conocimientos y tradiciones. Su labor promueve también el enfoque de género y la lucha contra la violencia y la discriminación hacia las mujeres guaraníes, escuchándolas y capacitándolas en sus derechos. Ella vive en Caraparí, una comunidad del Chaco boliviano.

El proyecto financiado por la Unión Europea “Por Nuestro Gran Chaco Sustentable” apoya a las comunidades guaraníes, trabajando con ellas para preservar las funciones ambientales y servicios eco-sistémicos del Gran Chaco en Bolivia, Argentina y Paraguay, en el marco de sus políticas de desarrollo productivo sostenible. El proyecto también trabaja para desarrollar modelos de gestión territorial y producción sustentable integrados en el programa ZICOSUR, con inclusión social y adaptados al cambio climático en el bioma Gran Chaco. Entérate de más en http://pornuestrochaco.org/

Concurso de ensayos de la UE: “Jóvenes y ciudadanía en tiempo de crisis”

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La Delegación de la Unión Europea en Bolivia lanza su primer concurso de ensayos, dirigido a jóvenes de 18 a 24 años, bolivianos y residentes, para rescatar sus visiones, análisis e iniciativas sobre las coyunturas que vive el país desde la segunda mitad de 2019.

Bases y convocatoria

Toda la información se encuentra en este enlace y se ha habilitado, además, el correo electrónico UEConcurso@gmail.com para responder consultas. Se otorgará dos premios: uno de 1.000 euros para el ensayo ganador y otro de 700 euros para el segundo puesto. El plazo de envío de los ensayos vence el 14 de julio de 2020. Los textos ganadores y otros que el jurado seleccionará, serán publicados en un libro.

Por qué hacer este concurso

Desde hace algún tiempo Bolivia viene afrontando una secuencia de fases difíciles, siendo una de las más pronunciadas la etapa que comprende el segundo semestre de 2019 y el primero de 2020.

La crisis política, primero y la sanitaria (coronavirus), luego, están exigiendo una gran capacidad de resiliencia y flexibilidad ante el cambio. En ese sentido y según las condiciones sean dadas, este año miles de jóvenes votarán por primera vez en Bolivia, en tanto que para otros será la segunda vez, luego de octubre de 2019, cuando las elecciones fueron anuladas.

Adicionalmente, la sociedad en su conjunto atraviesa por una emergencia sanitaria y subsecuentes medidas para afrontar la pandemia, factor que también resulta crucial en la vivencia y pensamiento de los jóvenes, que deben prepararse para ser parte de un futuro que parece incierto en muchos aspectos.

En suma, todos estos factores resultan en un escenario propicio para la reflexión y la propuesta, lo cual anima a la Unión Europea a convertirse en la plataforma de difusión y visibilidad de la visión de los jóvenes, su análisis y sus iniciativas en esta particular coyuntura.

17 de mayo: UE celebra la diversidad

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En el día internacional de la lucha contra homofobia, transfobia e intersexfobia, la Delegación de la Unión Europea en Bolivia reafirma que, al igual que luchar contra el racismo, el antisemitismo, el sexismo, actuar contra esas formas de discriminación es honrar los valores fundamentales de la UE. Es indispensable trabajar en estos temas, puesto que la hostilidad en contra de la población LGBTI trans e intersex deriva de la falta de capacidad para reconocer la diferencia, lo que se traduce en no poder aceptar a las personas y discriminarlas por sus opiniones, su clase social o su religión u orientación sexual.

Asimismo, no reconocer la importancia de la diversidad sexual y de género, amenaza los avances conseguidos en materia de derechos humanos y pone en mayor riesgo a las personas LGBTI, que corren el peligro de ser excluidas y agredidas solo por su identidad, orientación o características sexuales.

Desde 2020, la Unión Europea financia el proyecto regional “Adelante con la Diversidad II: Fuerzas sociales, políticas y jurídicas para la protección efectiva de los derechos del colectivo LGBTI y sus defensores en la Región Andina”, con un monto de casi dos millones de euros. Este proyecto, de tres años de duración, está siendo implementado por cuatro asociaciones nacionales, Adesproc Libertad (Bolivia), Colombia Diversa (Colombia), Sendas (Ecuador) y PROMSEX (Perú), liderado por HIVOS en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

El objetivo del proyecto es garantizar la seguridad integral, el acceso a la justicia y el derecho a la no discriminación de las personas LGBTI, mediante el reforzamiento y la protección integral de los/as defensoras de los derechos de los LGBTI, en los cuatro países.

Por otro lado, para responder a la pandemia de COVID-19, que tiene consecuencias importantes en la población LGBTI y, en particular, para los trans e intersex, el proyecto adaptó sus actividades para integrar nuevas acciones de apoyo, tanto a las asociaciones LGBTI, como a otras personas en situación de vulnerabilidad.​

A 70 años de la declaración de Robert Schuman, 9 de mayo de 1950

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Robert Schuman, Ministro francés de Asuntos Exteriores, pronunció la Declaración que lleva su nombre el 9 de mayo de 1950. En ella proponía la creación de una Comunidad Europea del Carbón y del Acero cuyos miembros pondrían en común la producción de carbón y de acero.

La CECA (formada en su origen por Francia, Alemania Occidental, Italia, los Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo) fue la primera de una serie de instituciones supranacionales que se convertirían en lo que es hoy la Unión Europea.

Contexto histórico

En 1950, cinco años después de finalizar la Segunda Guerra Mundial, las naciones europeas todavía estaban luchando para superar sus estragos.

Los gobiernos europeos, decididos a evitar otra terrible contienda, llegaron a la conclusión de que, poniendo en común la producción de carbón y acero, la guerra entre Francia y Alemania, rivales históricos, resultaría —en los términos de la declaración— «no sólo impensable, sino materialmente imposible».

Se pensó, acertadamente, que la fusión de los intereses económicos contribuiría a aumentar el nivel de vida y constituiría el primer paso hacia una Europa más unida. La adhesión a la CECA estaba abierta a otros países.

Citas clave

  • «La paz mundial no puede salvaguardarse sin unos esfuerzos creadores equiparables a los peligros que la amenazan.»
  • «Europa no se hará de una vez ni en una obra de conjunto: se hará gracias a realizaciones concretas, que creen en primer lugar una solidaridad de hecho.»
  • «La puesta en común de las producciones de carbón y de acero (…) cambiará el destino de esas regiones, que durante tanto tiempo se han dedicado a la fabricación de armas, de las que ellas mismas han sido las primeras víctimas.»

Texto íntegro

La paz mundial no puede salvaguardarse sin unos esfuerzos creadores equiparables a los peligros que la amenazan.

La contribución que una Europa organizada y viva puede aportar a la civilización es indispensable para el mantenimiento de unas relaciones pacíficas. Francia, defensora desde hace más de veinte años de una Europa unida, ha tenido siempre como objetivo esencial servir a la paz. Europa no se construyó y hubo la guerra.

Europa no se hará de una vez ni en una obra de conjunto: se hará gracias a realizaciones concretas, que creen en primer lugar una solidaridad de hecho. La agrupación de las naciones europeas exige que la oposición secular entre Francia y Alemania quede superada, por lo que la acción emprendida debe afectar en primer lugar a Francia y Alemania.

Con este fin, el Gobierno francés propone actuar de inmediato sobre un punto limitado, pero decisivo.

El Gobierno francés propone que se someta el conjunto de la producción franco-alemana de carbón y de acero a una Alta Autoridad común, en una organización abierta a los demás países de Europa.

La puesta en común de las producciones de carbón y de acero garantizará inmediatamente la creación de bases comunes de desarrollo económico, primera etapa de la federación europea, y cambiará el destino de esas regiones, que durante tanto tiempo se han dedicado a la fabricación de armas, de las que ellas mismas han sido las primeras víctimas.

La solidaridad de producción que así se cree pondrá de manifiesto que cualquier guerra entre Francia y Alemania no sólo resulta impensable, sino materialmente imposible. La creación de esa potente unidad de producción, abierta a todos los países que deseen participar en ella, proporcionará a todos los países a los que agrupe los elementos fundamentales de la producción industrial en las mismas condiciones y sentará los cimientos reales de su unificación económica.

Dicha producción se ofrecerá a todo el mundo sin distinción ni exclusión, para contribuir al aumento del nivel de vida y al progreso de las obras de paz. Europa podrá, con mayores medios, proseguir la realización de una de sus tareas esenciales: el desarrollo del continente africano. De este modo, se llevará a cabo la fusión de intereses indispensables para la creación de una comunidad económica y se introducirá el fermento de una comunidad más amplia y más profunda entre países que durante tanto tiempo se han enfrentado en divisiones sangrientas.

Mediante la puesta en común de las producciones básicas y la creación de una Alta Autoridad de nuevo cuño, cuyas decisiones obligarán a Francia, Alemania y los países que se adhieran, esta propuesta sentará las primeras bases concretas de una federación europea indispensable para la preservación de la paz.

Para proseguir la realización de tales objetivos, el Gobierno francés está dispuesto a iniciar negociaciones según las siguientes bases.

La misión encomendada a la Alta Autoridad común consistirá en garantizar, en el plazo más breve posible, la modernización de la producción y la mejora de su calidad; el suministro, en condiciones idénticas, del carbón y del acero en el mercado francés y en el mercado alemán, así como en los de los países adherentes; el desarrollo de la exportación común hacia los demás países; la equiparación y mejora de las condiciones de vida de los trabajadores de esas industrias.

Para alcanzar estos objetivos a partir de las dispares condiciones en que se encuentran actualmente las producciones de los países adherentes, deberán aplicarse con carácter transitorio determinadas disposiciones que establezcan la aplicación de un plan de producción y de inversiones, la creación de mecanismos de estabilidad de los precios y la creación de un fondo de reconversión que facilite la racionalización de la producción. La circulación del carbón y del acero entre los países adherentes quedará liberada inmediatamente de cualquier derecho de aduanas y no podrá verse afectada por tarifas de transporte diferenciales. Progresivamente se irán estableciendo las condiciones que garanticen espontáneamente una distribución más racional de la producción y el nivel de productividad más elevado.

La organización proyectada, al contrario que un cártel internacional tendente a la distribución y a la explotación de los mercados mediante prácticas restrictivas y el mantenimiento de grandes beneficios, garantizará la fusión de los mercados y la expansión de la producción.

Los principios y compromisos esenciales anteriormente expuestos serán objeto de un tratado firmado entre los Estados. Las negociaciones indispensables para precisar las normas de aplicación se llevarán a cabo con ayuda de un árbitro designado de común acuerdo, cuya misión consistirá en velar por que los acuerdos se ajusten a los principios y, en caso de desacuerdo insalvable, decidirá la solución que deba adoptarse.

La Alta Autoridad común, encargada del funcionamiento de todo el sistema, estará compuesta por personalidades independientes designadas sobre bases paritarias por los Gobiernos, quienes elegirán de común acuerdo un presidente. Las decisiones de la Alta Autoridad serán ejecutivas en Francia, en Alemania y en los demás países adherentes. Se adoptarán las disposiciones adecuadas para garantizar las vías de recurso necesarias contra las decisiones de la Alta Autoridad.

Un representante de las Naciones Unidas ante dicha autoridad se encargará de hacer, dos veces al año, un informe público a la ONU sobre el funcionamiento del nuevo organismo, en particular por lo que se refiere a la salvaguardia de sus fines pacíficos.

La creación de la Alta Autoridad no prejuzga en absoluto el régimen de propiedad de las empresas. En el ejercicio de su misión, la Alta Autoridad común tendrá en cuenta las facultades otorgadas a la autoridad internacional del Ruhr y las obligaciones de todo tipo impuestas a Alemania, mientras éstas subsistan.

Fuente: www.europa.eu

La UE, América Latina y el Caribe: aunar esfuerzos frente al coronavirus

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Hace pocos años, la Unión Europea (UE) situó el concepto de resiliencia en el centro de su Estrategia Global y de Seguridad. En un mundo más complejo, disputado e interconectado, se asumía que la seguridad y el bienestar iban a enfrentarse a nuevos desafíos geopolíticos, así como a los riesgos transnacionales derivados de la globalización. Ello exigía fortalecer la capacidad de cada país para encajar y sobreponerse a un choque externo. Este es un objetivo de nuestra cooperación internacional, pero también interpela a una UE que se sabe vulnerable ante esos riesgos.

Hoy, el coronavirus supone una prueba fundamental de resiliencia para las sociedades, las economías y la gobernanza en todo el mundo. Ante una pandemia mundial no caben respuestas exclusivamente nacionales ni un uso interesado de la cooperación o del poder económico con fines geopolíticos. Sin duda, hay distintas capacidades y responsabilidades de partida, pero sin apoyo mutuo o acciones globales conjuntas, el impacto de la enfermedad puede ser aún más devastador para todos.

La UE y sus ciudadanos estamos atravesando momentos muy duros. Pero somos conscientes de que para superar la pandemia debemos cooperar con todos nuestros socios, trabajando codo con codo. Y lo sabemos porque llevamos décadas haciéndolo en todo el mundo, haciendo frente común a otros desafíos compartidos, y en particular en América Latina y el Caribe. Es por ello que, a pesar de nuestras propias dificultades, la UE ha decidido reorientar de inmediato los programas de cooperación técnica y financiera con América Latina y el Caribe para responder a esta pandemia, con un total de 918 millones de euros, como parte de la respuesta global en apoyo a los esfuerzos de los países socios por atajar a la COVID-19.

Es así que se destinarán 9 millones de euros para financiar la labor de la Organización Panamericana de la Salud y de la Federación Internacional de la Cruz Roja en Venezuela y países vecinos. En el Caribe, la UE está apoyando la Agencia de Salud Pública CARPHA con 9 millones de euros, y en concreto en Jamaica, la UE ha financiado 29 respiradores para las unidades de cuidados intensivos. Otro ejemplo es Bolivia, donde la UE ha aportado 5 millones de euros la acción del Estado para apoyar a las familias de todo el país. Además, el Banco Europeo de Inversiones ya ha anunciado que movilizará hasta 5.200 millones de euros para responder a las necesidades de financiación urgentes en más de 100 países en todo el mundo.

En México, la UE destinará en un primer momento 5 millones de euros en medidas de apoyo al sector salud y a la protección de los sectores más vulnerables de la población. Posteriormente, implementará acciones en favor de la reconstrucción social y económica, en colaboración con las instituciones financieras.

Más allá de estos recursos, nuestra asociación estratégica con Latinoamérica y el Caribe puede ser más efectiva si impulsamos juntos una respuesta coordinada y multilateral robusta. Nuestras regiones han sabido responder a la crisis sanitaria, aplicando drásticas pero necesarias medidas como el distanciamiento social o el confinamiento. No obstante, la crisis sanitaria no conoce de fronteras, de regiones o países. El desafío apenas ha comenzado. El coronavirus está causando una crisis económica global que acrecentará las desigualdades y afectará más severamente a los más vulnerables. Europa y América Latina podemos hacer mucho más si actuamos juntos, avanzando una agenda multilateral en el G20, la ONU y las instituciones financieras multilaterales para que exista más espacio fiscal para evitar el colapso sanitario, el desplome económico y una grave crisis social.

El FMI y el Banco Mundial ya han anunciado líneas de financiación y alivio de la deuda de los países más pobres, pero no deben olvidarse los países de renta media lastrados por un alto endeudamiento.

El coronavirus es un reto a la economía global inédito. Una respuesta eficaz necesitará movilizar la acción colectiva internacional. La UE y América Latina y el Caribe —una asociación de 60 países— habrán de aunar esfuerzos de nuevo. Es en momentos de crisis agudas cuando se ponen a prueba los vínculos entre países amigos. Y esta crisis nos ha vuelto a recordar que nuestra resiliencia depende también de la cooperación internacional. De esta crisis, solo saldremos unidos.

JOSEP BORRELL es el Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y Vicepresidente de la Comisión Europea.
Tomado de eeas.europa.eu

UE comparte buenas prácticas para luchar contra la “infodemia” y el cibercrimen de la pandemia

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Un reciente informe elaborado por el Servicio Europeo de Acción Exterior (EEAS) de la Unión Europea (UE) sobre desinformación en el contexto de COVID-19, señala que asistimos a la proliferación de cantidades significativas de noticias, mitos y desinformación, provenientes de diversas fuentes tanto dentro como fuera de la Unión Europea. La Organización Mundial de la Salud ha declarado que la pandemia ha estado acompañada de una «infodemia» masiva, definida como una sobreabundancia de información, parte precisa y otra no, que dificulta encontrar confianza, fuentes de información y orientación confiable, lo cual contribuye a generar sentimientos de miedo y desconfianza entre la población.

En ese contexto el proyecto Apoyo a AMERIPOL de la UE, en su deseo de ofrecer ayuda relevante a la región, ha iniciado diversas videoconferencias para difundir y promover buenas prácticas y lecciones aprendidas desde la UE, centradas en los efectos a nivel de desinformación y cibercrimen.

En las videoconferencias se abordan temas como la desinformación ante la crisis por el COVID-19; la importancia de las narrativas para enfrentarse a la desinformación provocada por las fake news; el entorno de la red profunda (deep web); las actuaciones preventivas, ciberpatrullaje a través de la red y la importancia de respuesta efectiva y rápida a los delitos relacionados con el COVID-19, entre otros.

Según informes del EEAS, en épocas de crisis, inseguridad o caos, muchos ciberdelincuentes aprovechan la situación de vulnerabilidad para difundir y viralizar una gran variedad de bulos y fraudes con el objetivo de desinformar, engañar o infectar a los ciudadanos con diversos objetivos. Éste y muchos otros temas fueron abordados en videoconferencias en las que Bolivia también estuvo participando.

Igualmente, señalan que el contexto actual de aislamiento de la población ha disparado el uso de las nuevas tecnologías, tanto a nivel particular como profesional, aumentando el riesgo de ciberataques (phishing/malware); a la vez, el estado de alarma social permite que proliferen nuevos modelos de estafa en lo referente a la compraventa de productos relacionados con la protección individual y desinfección (mascarillas, productos desinfectantes, medicamentos, etc.).

Los gobiernos y las autoridades de salud están tratando de proporcionar información autorizada sobre el COVID-19 y las plataformas de redes sociales están buscando formas efectivas de promover este contenido, a la vez que tratan de eliminar contenido poco confiable.

Las videoconferencias fueron posibles gracias a la colaboración de la Dirección de Cooperación Internacional de la Policía Nacional de España, que ha sido clave en la iniciativa. Su rapidez de respuesta y convocatoria de expertos, pese a la difícil situación que se vive en este país, ha sido encomiable, enfatizó el EEAS.

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