Pandemia: las medidas alternativas a la privación de libertad

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Más de 200 representantes de más de 30 instituciones europeas, latinoamericanas y del Caribe se dieron cita recientemente en el webinario “Las medidas alternativas a la privación de libertad en tiempo de COVID-19 y retos de futuro” organizado por los programas regionales de la Unión Europea EL PAcCTO, EUROsociAL+ y COPOLAD II.

La pandemia del COVID-19 ha puesto de relieve la necesidad de medidas alternativas a la privación de libertad para garantizar los derechos humanos de las personas privadas de libertad, favorecer su inserción y luchar de forma eficaz contra el crimen organizado.

Esa es una de las grandes conclusiones del webinario como continuación de la Declaración de Montevideo acordada por 150 representantes de más de 30 países de América Latina, el Caribe y la UE en septiembre de 2019 en Montevideo, Uruguay, durante la Conferencia Birregional de Medidas Alternativas a la privación de libertad

Medidas alternativas a la privación de libertad

En el webinario, Jorge de la Caballería, jefe de la Unidad de la Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo de la Comisión Europea, resaltó que “la pandemia representa un tsunami sin precedentes”. El representante añadió que esta situación “ha cambiado muchos paradigmas, pero no pone en cuestión la relevancia de los compromisos de Montevideo. Al contrario, los refuerza. Ha impulsado las medidas alternativas como una solución ante los riesgos de contagio dentro de los centros penitenciarios”.

El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de Estados Americanos (CICAD/OEA), Adam Namm, declaró que “el 80% de los adultos encarcelados hoy tienen su primer contacto con prisiones en su juventud. Necesitamos enfocarnos más en invertir en medidas preventivas y programas para estas personas en su juventud, especialmente en los llamados procesos de disuasión”.

Namm agregó que “cerca de 3,5 millones de personas en el Hemisferio Americano están encarceladas, un tercio de ellas por penas relacionadas con drogas, normalmente por uso y micro-tráfico de drogas, lo que se traduce en significativos costes tanto sociales como económicos”.

Durante el webinario se ha puesto de manifiesto la importancia de actuar ya en tres niveles:

Externo, con la opinión pública para dejar claro que las medidas alternativas son penas, a todos los efectos. Que son, además, menos costosas y eficaces que la privación de libertad y que permiten disminuir la infiltración de la criminalidad organizada y construir así una sociedad más cohesionada y segura.

Interno con todos los actores que intervienen en la cadena penal, incluido el tercer sector que apoya los procesos de inserción social, mejorando la coordinación interinstitucional, a través de acciones de sensibilización, o de cambios normativos o procedurales cuando sea necesario.

Y a nivel de cooperación internacional, para la sensibilización y la incidencia a todos los niveles y para el intercambio de mejores prácticas.

Por su parte, el coordinador del componente de Sistemas Penitenciarios de EL PAcCTO, Giovanni Tartaglia, encargado de leer las conclusiones, resaltó que “es indudable que la humanidad siempre ha sido capaz de aprovechar las grandes crisis para avanzar en términos de construcción de derechos. Todas y todos nosotros tenemos una gran responsabilidad. Estamos encargados de uno de los desafíos más grandes: construir un nuevo humanísimo judiciario, contribuir a la construcción de una sociedad más justa, más inclusiva y, en consecuencia, más segura”.

“Tenemos la difícil tarea de lograr la inclusión de personas que de alguna forma la misma sociedad, con su funcionamiento imperfecto y desigual, ha podido contribuir a poner al margen. Las medidas alternativas tienen que ser la regla, no la excepción, para los delitos más leves y los infractores menos peligrosos”, concluyó Tartaglia.